Ya pasó. Después de 30 años el estado colombiano le pidió finalmente perdón a las víctimas del holocausto del la toma del Palacio de Justicia. En el acto oficial se celebró siguiendo una petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le impuso a las instituciones colombianas reconocer públicamente su responsabilidad por los daños causados a las familias de los fallecidos y desaparecidos.

El gobierno de Juan Manuel Santos respondió a la demanda de esa organización, no nació por convicción propia. De hecho el acto fue … un trámite. De no ser por los duros reclamos de los familiares, sirvió de poco más que un evento publicitario para el proceso de paz impulsado por Santos.

Hasta hoy sólo 68 cadáveres fueron identificados, de un total de 94 personas que resultaron muertas en la toma del Palacio por el M-19 y la retoma por los militares, la última la más cruel y en la que se aprovechó para eliminar a los incómodos magistrados. Pasaron 30 años, pero mucho se sabe y más se oculta. El militar, en realidad apenas una herramienta necesaria de un estado democrático, en Colombia tiene un rol distorsionado, aún hoy.

Hablar de que algo genera ‘malestar en las FFAA’ es del siglo 20, pero este país se debate entre un pasado enfermo y un futuro prometedor – el presente es bizarro. Colombia tiene que despojarse de los fantasmas del pasado, se sean militares, presidentes o líderes opositores. Todos ellos son un freno para ese país que se vislumbra, tan necesitado de un trabajo sólido en lo político, en lo administrativo…

Pero la tontera histórica pesa demasiado. La generación que sepa de hoy apenas a través de los libros de texto será la afortunada, será la generación que hable de un Uribe en prisión, un Santos procesado por los ‘falsos positivos’ y la que visite el Museo de la Guerrilla. La Colombia de hoy no es la buena, es la de la transición. Un proyecto, apenas eso.